Después del bochornoso espectáculo ofrecido la pasada semana por el Gobierno para salvar en el último minuto de la prórroga dos de los decretos que llevó al Congreso de los Diputados, me asaltan enormes dudas sobre el recorrido del ejecutivo de Pedro Sánchez durante el resto de la legislatura, sean unos meses o unos años.
Y la primera duda resuelta, si es que alguna vez la hubo, es que los socios parlamentarios del PSOE nunca van a buscar el bien común de los españoles, sino única y exclusivamente la defensa de unos intereses territoriales que en poco o nada reflejan las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.
El bartender Puigdemont
En este cóctel agitado al ritmo del incesante chantaje de los partidos nacionalistas, con el bartender Puigdemont a la cabeza, hay un nuevo ingrediente que amarga aún más el sabor de esta mezcla y que un partido que se hace llamar progresista debería hacérselo mirar.
Me refiero a la penúltima cesión de las infinitas exigencias planteadas por Junts para que las competencias en materia de inmigración pasen a manos de la Generalitat. Esta lamentable capacidad para desmembrar los derechos y deberes del Estado que tiene Sánchez para lograr los apoyos para su supervivencia política tan sólo puede empeorar. Porque nuestro presidente no va a tener problema alguno en pisotear cualquier ley que pueda impedirle continuar pegado al sillón de La Moncloa.
Y, para rematar esta penosa tarea negociadora, ahora Sánchez dice que bueno, que no es para tanto lo acordado, que lo de expulsar inmigrantes del país es cosa del Estado, y que la Generalitat no va a poner de patitas en la calle a quién considere oportuno. ¡Me quedo más tranquilo! Pero, entonces… ¿Qué diantres ha acordado el PSOE con Junts la semana pasada? ¿Quizás, que Waterloo se convierta en la quinta provincia catalana y así Puigdemont ya esté de vuelta en Cataluña? Todo es posible con este Gobierno.
Regalar competencias
La concentración convocada por el Partido Popular el próximo día 28 en Madrid es tan solo un ejemplo más del cada vez mayor rechazo que suscita Sánchez y los suyos entre la ciudadanía, incluidos sus propios votantes. Sí, los que jamás pensaron en una Ley de Amnistía cuando dejaron su papeleta en las urnas, ni mucho menos en regalar competencias a partidos que son incapaces de levantar la mirada más allá de su propio ombligo territorial.
Y es que, en esto de la negociación, no todo vale, señor Sánchez. El chantaje y la extorsión nunca van a ser partes de un proceso de búsqueda de acuerdos real. Todo lo contrario. Estamos asistiendo a un agónico sistema de búsqueda constante de la supervivencia en el cargo por encima de cualquier otra cuestión en el que Pedro Sánchez admite, permite y, lo peor de todo, está a punto de normalizar el chantaje y la extorsión como herramientas de sus socios para lograr sus objetivos partidistas y alejados del bien común y la igualdad de los ciudadanos.
